Ayer páginas que todos usamos para ver y descargar contenidos on line estaban cerradas. Sólo podíamos leer este mensaje: «Si se aprueba la ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la ley Sinde. No al cierre de webs«.
Mañana el gobierno pretende aprobar esta ley por la puerta de atrás, sin pasar por el Congreso. Como dice en su blog Luis Rull, con escalofriantes consecuencias:
Hay que recordar que esto se hace obedeciendo a aquellos que no quieren tener que adaptar su modelo de negocio a las nuevas herramientas; que no conciben la tecnología como una oportunidad para la difusión de contenidos sino como una amenaza contra sus enormes cifras de un negocio que hace demasiado tiempo que gestionan con esfuerzo cero.
También hay que recordar que las webs que se pretenden cerrar han sido declaradas por muchos jueces como legales. En España, las páginas de enlace NO son un delito. Sin medias tintas.
Antonio Delgado desmonta hoy en una maravillosa entrada la farragosa Ley Sinde. Hay que leerlo.
Recordemos la situación: en España los enlaces p2p no son delito. En 10 casos ha habido sobreseimientos libres a diversas páginas de enlaces en varias audiencias provinciales. En los únicos casos donde ha habido una sentencia condenatoria ésta ha sido “de conformidad”. Es decir, se ha llegado a un pacto con los denunciantes en el que el acusado se declara culpable y no se juzga el fondo del asunto. La ley Sinde está pensada para para quitarse de en medio a los jueces y sustituirlos por un órgano administrativo. Si la justicia no ha dado la razón a la industria en sus demandas de cierre de páginas de enlaces, la “solución” era saltársela.
El asunto es grave. Muy grave. Da pavor leer también a David Bravo.
La que se ha venido en llamar Ley Sinde es una de las mayores burlas a nuestro sistema de Derecho. La industria, que viene chocándose contra las resoluciones judiciales favorables a las páginas de enlaces día sí día también, ha encontrado un atajo para combatirlas: obviar a los tribunales. La expresidenta de la academia de cine, cuya industria ha perdido juicio tras juicio contra este tipo de webs, cumple los deseos de su gremio y hace desaparecer a los jueces con un chasquido de dedos.
Mientras los tribunales siguen dejando claro que las páginas de enlaces no infringen derechos de propiedad intelectual, la Ley Sinde continúa su paseo triunfal hasta su aprobación. Los editoriales de El Mundo y El País, con Google y similares como objeto de su obsesión particular, aplauden la iniciativa y piden que no se escuche a los «piratas del todo gratis». Los políticos, por su parte, acarician el lomo de su criatura mientras fingen que no saben que los tribunales declaran no infractoras las mismas páginas que ellos quieren cerrar por la puerta de atrás. Por último, los abogados de la industria se frotan las manos y justifican la sustitución de tribunales por órganos administrativos sugiriendo que perdían los casos por culpa de la impericia de los jueces. Es que «se estaba aplicando mal el Código Penal» dijo una abogada en una entrevista sin perder la sonrisa.
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