El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha puesto fin a la huelga de hambre que mantenía junto a algunos miembros de su equipo de gobierno desde la semana pasada. No soy ninguna experta en América Latina ni se demasiado sobre la política de este país, por lo que no es mi intención hacer un análisis sobre lo que motivó el desencuentro entre las dos fuerzas políticas. Sencillamente voy a limitarme a expresar mi opinión sobre una huelga de hambre que a mi entender nunca debió iniciarse.
Empecemos por el principio. Morales intenta que el Congreso apruebe una ley electoral necesaria para convocar los comicios generales el 6 de diciembre y la oposición la rechaza por considerarla un movimiento de Evo para su reelección y para aumentar la representación política de los indígenas.
Al parecer, hay varios puntos de desencuentro importantes: la distribución de escaños indígenas en función de las nuevas circunscripciones electorales creadas en la nueva Constitución, el voto del ciudadano residente en el exterior y un nuevo padrón electoral.
Ahora parece que se ha llegado a un acuerdo. Para salvar el desacuerdo sobre el censo electoral, el presidente ofreció la confección de un nuevo padrón, que costará 35 millones de dólares y será biométrico, es decir, incluirá registros digitalizados de huellas digitales, fotografías y firmas, con la condición de que las elecciones se celebrasen el día previsto. La propuesta del gobierno de asignar un número de escaños a los pueblos indígenas minoritarios fue también duramente criticada, por lo que Morales se vio obligado a reducir de 14 a 8 dicho número.
Evo termina así su huelga de hambre. Pero me pregunto si alguna vez estuvo justificado que la iniciase. Es decir, el papel de un Presidente de Gobierno entiendo que es luchar con todas las herramientas políticas en su poder: el buen hacer, las leyes, el diálogo, el debate… pero ¿veríamos normal que Zapatero se pusiera en huelga de hambre si, por ejemplo, no le aprobasen los presupuestos?