Soy consciente de que llego tarde; pero también pienso que nunca es tarde para intentar entender una ley tan importante como ésta. Si te ha pasado como a mí y no has tenido tiempo de enterarte demasiado bien de en qué consiste, creo que es momento de ponerse al día leyendo a los que ya la han analizado.
En palabras de Juan Varela, es una ley de transparencia para blindar los recortes. El anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ata a políticos y administraciones a cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria y financiera impuestas por el gobierno para atajar la deuda pública y calmar a los mercados.
La anhelada ley de acceso a la información pública restringe el acceso a datos que puedan perjudicar la política económica y monetaria (art.10.1.d) e intenta frenar a los políticos derrochadores con el control público de sus actos y el sometimiento a un código que más de buen gobierno es una imposición ideológica y producto de las presiones de los mercados.
1. Gonzalo Fanjul en El País lo dijo clarito: Una ley de transparencia para luchar contra la corrupción
El debate actual sobre una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública nos ofrece una oportunidad sin precedentes para darle un vuelco a la plaga de la corrupción y nepotismo en España. Pero va a hacer falta una enorme ola de presión pública para que no acabemos con una legislación timorata e ineficaz.
Durante décadas, se ha ido arraigando en España una cultura de secretismo oficial que ha servido de abono para la propagación y ocultación de prácticas corruptas favoreciendo que la gestión de lo público haya sido a menudo pésima. La lista de contratos y licitaciones públicas irregulares, pelotazos urbanísticos, facturaciones fraudulentas es escalofriante. Resulta escandaloso que a día de hoy, 35 años después de la llegada de la democracia, España continúe siendo el único país de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes que no cuenta con leyes que regulan el acceso de los ciudadanos a la información pública.
2. Antonio Gutiérrez-Rubí hacía algunas aportaciones y valoraciones personales al proyecto
3. César Calderón tachaba la ley de amortizada, analógica y sin ambición
A pesar de que existe todo un epígrafe dedicado a la “transparencia activa”, no hay en la ley ni una mención a la apertura y reutilización de datos de las administraciones, el ya famoso “open data” , lo que situa a la ley fuera de la realidad de los paises más avanzados de nuestro entorno.
4. Juanlu Sánchez planteaba dudas
¿Será una ley buena, mala o regular? ¿Insuficiente como en Italia o ejemplar como en Eslovenia o Reino Unido? La línea roja entre lo que sería satisfactorio y lo que no está en el ámbito de aplicación de la ley: ¿a qué datos y cargos públicos va a afectar? ¿quedarán fuera los jueces o el funcionamiento del Congreso? ¿incluye las agendas oficiales, los informes o la información estadística y demográfica? ¿habrá un órgano de revisión independiente de transparencia al que recurrir?
Una buena Ley de Transparencia sería la respuesta a muchas preguntas: ¿cuántas guarderías públicas gestiona la empresa Clece? ¿A quién han ido a parar las subvenciones en materia de Cooperación? ¿Cuánto cobra un alto funcionario del Ministerio de Defensa? ¿Quién ganó el concurso de ejecución de la obra del viejo edificio demolido en mi barrio? ¿Cuáles son los niveles de contaminación en mi ciudad? No se trata de que un funcionario responda directamente a estas preguntas tras horas buceando entre papeles, sino de que te faciliten la información en bruto, las bases de datos o documentos de los que se pueda extraer tu interés particular.
5. Rocío Romero aplaudía la ley pero con reservas
La opacidad que generalmente ha reinado en la gestión pública desde que se instauró la democracia en nuestro país ha facilitado lo que más bien parece una plaga de corrupción que padecemos día sí y día también por todo el territorio. Además de alabar el cumplimiento de una promesa electoral y aplaudir el paso al frente dado en esta materia, debemos entrar a analizar en detalle una norma que, si se desaprovecha, puede correr el riesgo de quedarse en un mero consenso de mínimos.
Lo mejor del Anteproyecto de Ley es obligará a las instituciones del Estado a publicar información esencial como sus presupuestos, sus gastos, los sueldos de los altos directivos, su personal, sus leyes, la adjudicación de contratos, etc. Pero apunto varios aspectos de la futura norma que merecen un análisis crítico, en mi opinión.
6. Mar Cabra reflexionaba sobre si la ley va por buen camino
Es difícil valorar un texto legislativo sin leerlo, aunque parece que el nuevo borrador de anteproyecto se publicará en los próximos días, según lasreferencias del Consejo de Ministros. Por lo que se ha conocido hoy, quedan fuera las principales peticiones de los colectivos pro-transparencia:
- El derecho de acceso a la información no será reconocido como un derecho fundamental (como lo son el derecho a la intimidad o a la libertad de expresión). Esto contraviene lo reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
- El silencio administrativo seguirá siendo negativo, con lo que se podría perpetuar la situación actual de que una de cada dos peticiones de información quede sin contestar, según el último estudio de la ONG Access Info Europe. Aún así, parece que el nuevo borrador de Anteproyecto incluye sanciones por el “incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas”. Habrá que ver cómo se mide esta reiteración.
- Quedan fuera de la ley la Casa Real y la actividad no administrativa del poder legislativo y judicial. Por ejemplo, no podremos saber quién hacelobby en el Congreso.