Durante décadas, se ha ido arraigando en España una cultura de secretismo oficial que ha servido de abono para la propagación y ocultación de prácticas corruptas favoreciendo que la gestión de lo público haya sido a menudo pésima. La lista de contratos y licitaciones públicas irregulares, pelotazos urbanísticos, facturaciones fraudulentas es escalofriante. Resulta escandaloso que a día de hoy, 35 años después de la llegada de la democracia, España continúe siendo el único país de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes que no cuenta con leyes que regulan el acceso de los ciudadanos a la información pública.

2. Antonio Gutiérrez-Rubí hacía algunas aportaciones y valoraciones personales al proyecto

3. César Calderón tachaba la ley de amortizada, analógica y sin ambición

A pesar de que existe todo un epígrafe dedicado a la “transparencia activa”, no hay en la ley ni una mención a la apertura y reutilización de datos de las administraciones, el ya famoso “open data” , lo que situa a la ley fuera de la realidad de los paises más avanzados de nuestro entorno.

4. Juanlu Sánchez planteaba dudas

¿Será una ley buena, mala o regular? ¿Insuficiente como en Italia o ejemplar como en Eslovenia o Reino Unido? La línea roja entre lo que sería satisfactorio y lo que no está en el ámbito de aplicación de la ley: ¿a qué datos y cargos públicos va a afectar? ¿quedarán fuera los jueces o el funcionamiento del Congreso? ¿incluye las agendas oficiales, los informes o la información estadística y demográfica? ¿habrá un órgano de revisión independiente de transparencia al que recurrir?

Una buena Ley de Transparencia sería la respuesta a muchas preguntas: ¿cuántas guarderías públicas gestiona la empresa Clece? ¿A quién han ido a parar las subvenciones en materia de Cooperación? ¿Cuánto cobra un alto funcionario del Ministerio de Defensa? ¿Quién ganó el concurso de ejecución de la obra del viejo edificio demolido en mi barrio? ¿Cuáles son los niveles de contaminación en mi ciudad? No se trata de que un funcionario responda directamente a estas preguntas tras horas buceando entre papeles, sino de que te faciliten la información en bruto, las bases de datos o documentos de los que se pueda extraer tu interés particular.

5. Rocío Romero aplaudía la ley pero con reservas

La opacidad que generalmente ha reinado en la gestión pública desde que se instauró la democracia en nuestro país ha facilitado lo que más bien parece una  plaga de corrupción que padecemos día sí y día también por todo el territorio. Además de alabar el cumplimiento de una promesa electoral y aplaudir el paso al frente dado en esta materia, debemos entrar a analizar en detalle una norma que, si se desaprovecha, puede correr el riesgo de quedarse en un mero consenso de mínimos.

Lo mejor del Anteproyecto de Ley es obligará a las instituciones del Estado a publicar información esencial como sus presupuestos, sus gastos, los sueldos de los altos directivos, su personal, sus leyes, la adjudicación de contratos, etc. Pero apunto varios aspectos de la futura norma que merecen un análisis crítico, en mi opinión.

6. Mar Cabra reflexionaba sobre si la ley va por buen camino

Es difícil valorar un texto legislativo sin leerlo, aunque parece que el nuevo borrador de anteproyecto se publicará en los próximos días, según lasreferencias del Consejo de Ministros. Por lo que se ha conocido hoy, quedan fuera las principales peticiones de los colectivos pro-transparencia:

1. El derecho de acceso a la información no será reconocido como un derecho fundamental (como lo son el derecho a la intimidad o a la libertad de expresión). Esto contraviene lo reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
2. El silencio administrativo seguirá siendo negativo, con lo que se podría perpetuar la situación actual de que una de cada dos peticiones de información quede sin contestar, según el último estudio de la ONG Access Info Europe. Aún así, parece que el nuevo borrador de Anteproyecto incluye sanciones por el “incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas”. Habrá que ver cómo se mide esta reiteración.
3. Quedan fuera de la ley la Casa Real y la actividad no administrativa del poder legislativo y judicial. Por ejemplo, no podremos saber quién hacelobby en el Congreso.

 

1.  Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del Ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.  En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Pásalo. Publícalo.